La especialista fue sentenciada a un año de prisión en suspenso y fue inhabilitada para ejercer la profesión por cinco años por el fallecimiento de una joven de 27 años durante un procedimiento en 2018.
En junio de 2018, María Cristina Portillo Martínez, de 27 años, falleció en el centro de salud privado de Recoleta, tras someterse a un estudio de rutina por una lumbalgia. Después de un proceso judicial de cinco años, ayer la Justicia determinó que la médica especialista en diagnóstico por imágenes que atendió a la joven fue responsable del delito de homicidio culposo. El cardiólogo que intervino en su reanimación, en tanto, fue absuelto.
El veredicto, que fue dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°22 de la Capital, dio a conocer la parte dispositiva de la sentencia y fijó la audiencia para comunicar los fundamentos en los próximos cinco días hábiles.
Allí, los jueces resolvieron condenar a la médica radióloga a la pena de un año de prisión –con cumplimiento en suspenso– e inhabilitación especial para ejercer la medicina por el término de cinco años, por considerarla “autora penalmente responsable del delito de homicidio culposo” de Portillo Martínez. Además, absolvió al médico cardiólogo que fue parte del equipo que la atendió.
Por otro lado, se determinó continuar con la investigación sobre la posible comisión de un delito de acción pública con relación a la falta de documentación e historia clínica de los hechos que envuelven la muerte de la joven en el Centro Integral de Diagnóstico por Imágenes Diagnóstico Médico.
“No hay documentación de lo que pasó. Toda la información que está en la causa la aportan los testigos. Por eso, la Justicia solicita que se investigue la razón por la que no existen registros de los hechos en el centro de diagnóstico”, explicó a LA NACIÓN Patricia Apesteguy, abogada de la familia de la víctima.
A pesar de que este medio trató de comunicarse con representantes de Diagnóstico Médico, no obtuvo una respuesta.
Portillo Martínez tenía una hernia de disco que le causaba dolor. Acompañada por un amigo, en la tarde del 28 de junio de 2018 se sometió a un bloqueo radicular [la aplicación de un anestésico local en una zona inflamada], que no debería haber durado más de un par de minutos. Sin embargo, en su caso todo fue distinto y, después de unas horas, falleció.
A pesar de que después de su muerte, el personal médico dejó trascender que la causa de su deceso había sido un shock anafiláctico, según indicó Apesteguy, la autopsia y los peritajes realizados en el marco de la investigación judicial rechazaron estas afirmaciones y las consideraron falsas.
“Todo esto fue desmentido sistemáticamente por la autopsia y por los peritos de la junta médica. Se determinó que la causa de muerte fue por anoxia e hipoxia [falta de oxígeno en las células y el cerebro] y se precisó que todas las lesiones fueron hechas en vida”, detalló Apesteguy en diálogo con LA NACIÓN.
Según la acusación de la querella, a la médica radióloga se la encuentra responsable de la muerte de Portillo Martínez como “consecuencia de un obrar imperito y sin observar las reglas del arte de curar, al impedir una adecuada resucitación cardiopulmonar luego de la descompensación que sufrió la víctima”.
Según el relato de la querella, la presencia de otros médicos, así como del personal de un servicio de emergencias, se requirió luego de que las primeras maniobras para estabilizar a la joven no fueron exitosas.
“Mientras la paciente se hallaba aún con vida, el tubo llamado ‘endotraqueal’ no se colocó en la tráquea, sino en el esófago, lo que impidió que este cumpliera con su función primordial que es la de ventilación y, por ende, la oxigenación de la sangre no fue posible, lo que impidió una adecuada resucitación cardiopulmonar, desencadenándose en María Cristina Portillo Martínez una asfixia e hipoxia cerebral que la llevó al óbito”, se lee en el texto de la acusación.
Por medio de los estudios histopatológicos complementarios de la autopsia, de acuerdo a la acusación, se comprobó que la paciente era portadora de una displasia arritmogénica del ventrículo derecho (MAVD). La junta médica interviniente en el caso concluyó que Portillo Martínez sufrió una descompensación cardíaca provocada por una arritmia ventricular grave luego de finalizado el bloqueo radicular.
“Vamos a apelar la absolución del médico cardiólogo y pedir que eleven la pena de la médica radióloga. Lo más importante para nosotros es que ninguna de estas personas trabaje más como médica dado que hasta el día de la sentencia, lo seguían haciendo”, explicó Apesteguy, quién sumó que los testigos declararon a la Justicia que apenas llegó el especialista en cardiología para asistir a Portillo Martínez, la médica le solicitó que chequeara la correcta intubación, pero no lo hizo.
El cuñado de Portillo Martínez, Maximiliano Mostoni, conversó con LN+ unos días después de los hechos. En ese diálogo, señaló que la joven llegó al centro médico acompañada por su mejor amigo, que fue identificado como Álvaro, que la esperó en los pasillos del lugar. Pero los 20 minutos que debía tomar el estudio comenzaron a prolongarse. Entonces, de acuerdo a lo relatado por Mostoni, Álvaro notó que se registraba un ir y venir nervioso de muchos médicos. Hasta que después de una hora y media de espera una médica le explicó que habían surgido complicaciones en el estudio, y que, tras la aplicación del bloqueo, la paciente se descompuso y dejó de responder.
De acuerdo a Mostoni, cuando la médica se acercó para darle el parte a Álvaro, él la grabó. En el audio se escucha el siguiente diálogo: “[Portillo Martínez] hizo una reacción alérgica que la descompensó. La tuvimos que intubar, vino la emergencia, la reanimamos y no pudimos sacarla. Falleció”. Incrédulo, Álvaro respondió: “¡Mentira!”. Enseguida, agregó que Portillo Martínez había avisado ser “alérgica a todo”. La médica concluyó: “Nunca me pasó esto en 20 años”.
El centro Diagnóstico Médico, en ese entonces, emitió un comunicado firmado por su director, el doctor Alfredo Buzzi, en el que afirmó que la institución se encontraba “a disposición” de los familiares, amigos y abogados de la víctima, y explicó que se realizó la denuncia con el fin de que “la Justicia desarrolle la labor de su competencia”.
(Fuente: La Nación)
