Con la seguridad vial como bien a proteger, la creación de la LINTI estableció parámetros y requisitos claros que deben cumplir quienes quieran realizar el transporte interjurisdiccional de cargas, cargas peligrosas y pasajeros.
Con la seguridad vial como bien a proteger, y en lo que es una de las pocas políticas de Estado de la Argentina, la creación de la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LINTI) estableció parámetros y requisitos claros que deben cumplir quienes quieran realizar el transporte interjurisdiccional de cargas, cargas peligrosas y pasajeros en todo el territorio nacional.
Lejos de ser “un curro” o “un kiosco”, la capacitación de conductores profesionales es un elemento crucial para la seguridad vial, tal como lo establece la Ley de Tránsito N°24.449 y su reglamentación, más la ley 26.363 de creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Hoy, ese sistema solventado de manera íntegra por el sector privado, está en riesgo de quebranto.
“La profesionalización del sector no le cuesta un centavo al Estado. El sistema de capacitación del transporte de cargas se realiza sin aporte estatal alguno. Es más, una porción del arancel prefijado por la ANSV para la obtención de la LINTI, abonado por los privados, va al organismo para financiar las tareas de inspección y contralor que le corresponden según establece la ley. Paradójicamente, aunque el costo de la capacitación es afrontado en su totalidad por el sector privado, el valor del arancel de los cursos es fijado por la ANSV con la periodicidad que la buena voluntad del funcionario de turno que la conduzca lo establezca”, explicó Roberto Guarnieri, Presidente de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC).
A pesar de que la Resolución 48 establece que la actualización de los valores debe efectuarse en abril y octubre de cada año, ese procedimiento resulta casual o anárquico. De hecho, hace tiempo que los aranceles no responden a la realidad inflacionaria de nuestro país, cuestión que pone en riesgo la continuidad del sistema que en el caso de FADEEAC y la Fundación Profesional para el Transporte (FPT), implica una red de más de 80 Unidades Evaluadoras distribuidas en todo el país, con más de 230 Capacitadores y más de 100 simuladores, inspeccionado y auditado por la ANSV.
Pista interna de práctica y entrenamiento, en el Centro de Capacitación Profesional de 27 hectáreas de Escobar.
Convencidos de que a la seguridad vial la construimos entre todos, como entidad empresaria que nuclea a 43 Cámaras de transporte en la Argentina, hace 32 años creamos la FPT, una institución dedicada a la formación continua e integral de los recursos humanos ligados a la actividad del transporte de cargas, en todos los niveles de gestión, referente a nivel mundial y líder regional en la materia.
Ante la falta de respuesta a nuestros requerimientos y teniendo en cuenta que la última actualización arancelaria autorizada por la ANSV fue en abril de este año, por un 66,79% para el período abril2023-septiembre de 2023, la semana última enviamos una nota detallando a la ANSV la acuciante situación que atraviesa el sector e informando al respecto al Secretario de Transporte de la Nación.
Si el organismo hubiera cumplido con lo que establece la Resolución 48 (actualizar el valor de la hora cátedra en abril y octubre de cada año), la Agencia debería haber autorizado aumentos en octubre de 2023 (59,4%) y abril 2024 (135,9%). Teniendo en cuenta que el último incremento informado fue de 66,79%, el retraso en el valor de la hora cátedra supera hoy el 128%.
“Desde 1992, nuestros Formadores han dictado más de cuatro millones de capacitaciones. Hoy, la conducta de la ANSV pone en riesgo la Seguridad Vial en su conjunto. La capacitación que financiamos los empresarios del transporte busca la profesionalización de nuestro sector, pero redunda al mismo tiempo en un aporte importantísimo a la protección ciudadana ya que, en la ruta, los camiones conviven con automóviles particulares, transporte de pasajeros y motociclistas”, agregó Guarnieri.
La LINTI es una de las pocas políticas de Estado vigente en el país.
Se trata de una herramienta creada a fines del siglo pasado y que se prolonga y perfecciona hasta la actualidad mediante la incorporación de recursos tecnológicos como simuladores (que reproducen con fidelidad la operación de variadas configuraciones de camiones en diferentes escenarios geográficos y condiciones climatológicas) y evaluaciones psicosensométricas (permiten garantizan el abordaje integral de la capacitación e identificar mediante técnicas precisas, objetivas y confiables, a aquellos postulantes que unen las características de personalidad, competencias, aptitudes y recursos para operar vehículos de transporte de carga de manera más segura y eficiente, al mismo tiempo que detectar puntos débiles para iniciar programas de entrenamiento y prevención específicos).
El desarrollo de simuladores con hardware y software propios de FPT permiten reproducir fielmente las rutas argentinas.
La LINTI establece la obligatoriedad de exámenes periódicos de salud (psicofísicos) y la preparación profesional para el manejo de vehículos de carga a través de cursos iniciales o de renovación que contemplan una formación teórica, evaluaciones psicosensométricas, prácticas en simulador y camiones escuela.
“Creemos importante difundir con claridad y exactitud de qué se trata el tema y qué es lo que está en juego. Al mismo tiempo que como sector debemos lidiar con importantes aumentos de costos (en el caso de Peajes, por ejemplo, superan el 200%) y una fuerte caída de la actividad, los parámetros que permiten actualizar el financiamiento para la capacitación y profesionalización de nuestros conductores, corren por el carril lento”, concluyó Guarnieri.
