A partir del fin de la pandemia de coronavirus, el robo de vehículos se acrecentó en forma considerable en la ciudad de Córdoba y los alrededores. Por esa razón, la Fiscalía General ordenó, en junio del 2021, concentrar las investigaciones sobre bandas criminales dedicadas a este tipo de delitos en la Fiscalía Distrito 1 Turno 4, a cargo de Rubén Caro. Una de las pesquisas estuvo a cargo también de la fiscal Subrogante, Daniela Maluf.
Desde entonces, el resultado del trabajo de Caro y su equipo, en coordinación con el Departamento de Investigaciones Sustracción de Automotores y la Unidad Judicial ,fue la desarticulación de seis organizaciones dedicadas a levantar autos de la vía pública o playas de estacionamiento de centros comerciales, ‘enfriarlos’ en algún taller o garaje, para luego introducirlos al mercado con documentación apócrifa. Verdaderas pymes dedicadas a la venta de vehículos robados, que demandan una distribución aceitada de roles y complicidades.
Se tramitaron más de una decena de expedientes con 108 imputaciones por el delito de asociación ilícita, la mitad de los acusados permanece con prisión preventiva, condenados o esperando un juicio. Hay también varios prófugos, es decir imputados con orden de detención. Este último aspecto no es menor porque a lo largo de las investigaciones se detectó que los que caían luego de moverse a las sombras de la Justicia, en realidad seguían operando y la detención de parte de la banda no afectaba su continuidad.
Las seis bandas identificadas actuaban de diferentes maneras, aunque es posible reconocer una matriz común: luego de que un auto era levantado de la vía pública, era ‘enfriado’ –se lo sacaba de circulación– durante un tiempo, mientras se confeccionaba documentación apócrifa y se encontraba el comprador para su entrega. Manejaron un caudal millonario de dinero.
Si bien los autos eran robados en esta Capital y el Gran Córdoba, muchos eran comercializados en localidades del interior provincial. También en las ciudades de Catamarca y Santiago del Estero. En la primera de esas provincias, un jefe policial permanece detenido. Junto a dos hermanos había habilitado hasta una línea de planes de ahorro para la venta de los autos. Ninguna de estas organizaciones estuvo vinculada ni usó la fachada de una concesionaria de autos.
La mayoría de los miembros de las bandas desbaratadas en los últimos dos años están próximos a ser juzgados o ya fueron condenados en procesos abreviados, donde se acordaron penas mínimas pero de cumplimiento efectivo, tras la confesión de sus respectivas participaciones.
Qué autos se robaban. Ahí radica una de las diferencias entre las bandas. Algunas sólo se especializaban en conseguir autopartes a pedido. Otras se dedicaban a la venta de autos.
Los vehículos robados eran de gama alta y media: de la marca Chevrolet, los modelos Onix, Sonic y Aveo; Toyota Hilux; Ford Ecosport; Chery Tiggo; los Fiat Mobi, Siena y Uno; Peugeot 207; Renault Sandero, y Volkswagen Gol y Caddy fueron algunos de los localizados en los procedimientos.
ROBO DE NEUMÁTICOS
Una de las organizaciones, con ocho imputados, tenía como objetivo el robo de neumáticos. Operaba en Córdoba Capital, Los Reartes, Anisacate, Villa General Belgrano, San Antonio de Arredondo, Carlos Paz, Villa de Pocho, Jesús María y Colonia Caroya. Una vez extraídas de los vehículos, eran vendidas en un comercio legal.
Esta banda utilizaba inhibidores y equipos Pandora, que interfieren alarmas y/o copian sus claves para habilitar a los cacos acceder a los autos y portones levadizos de garages.
Cuando los investigadores lograron dar con esta organización, se abrió una nueva pesquisa sobre otra banda con características similares, que tiene actualmente 15 imputados por asociación ilícita y 12 por tenencia de arma de fuego y encubrimiento.
Otro de los expedientes tiene como característica haber detectado más de 50 hechos con particulares damnificados que se presentaron a reclamar sus vehículos. Gracias a esa participación fue posible verificar cómo se concretaban los robos y se ingresaba el vehículo para su posterior venta.
En contrapartida, también hubo personas estafadas que compraron los autos de buena fe, sin saber que eran robados y su identificación estaba alterada.
En problemas. En la larga lista del centenar de imputados se encuentra Evaristo Alvarez, hijo del reconocido humorista ‘Negro’ Alvarez. No es la primera vez que es detenido. Previamente había estado con prisión preventiva por violencia familiar. Cuando recuperó la libertad se incorporó a una de las bandas de robo de automotores y ahí fue nuevamente apresado, condición en la cual permanece en la actualidad.
POLICÍA CATAMARQUEÑO INVOLUCRADO EN UNA DE LAS BANDAS
El 3 de octubre último, la jueza de Control Anahí Hampartzounian condenó en juicio abreviado a 10 miembros de una banda liderada por Héctor Fabián Astudillo (50), quien fue sentenciado a cinco años de prisión efectiva.
El resto de los miembros de la asociación ilícita condenados fueron: Gerardo Salvador Acosta, Julio Alejandro Acosta, José Antonio Burgos, Carla Alejandra Milano, César Adrián Moyano, Diego José Fidani y Juan Andrés Salcedo, quienes recibieron una pena de tres años de prisión efectiva, y Edgardo César Luján, tres años de prisión condicional. Por último, Carlos Alberto Soria, recibió una pena de tres años y un mes de prisión, con declaración de reincidencia y se unificó con la condena impuesta previamente por la Cámara 9a del Crimen en cinco años de prisión de cumplimiento efectivo.
El policía Cristian Acosta no ingresó al juicio abreviado. Un recurso de su defensa mantiene su caso bajo análisis en la Cámara de Acusación.
En el fallo que condenó a 10 personas, la jueza Hampartzounian subrayó la importancia del contenido de las escuchas telefónicas. “Los diálogos (…) evidencian –con inusitada claridad– la naturaleza y modus operandi de la organización, sus integrantes, la expansión territorial de las operaciones ilícitas desarrolladas, sus objetivos y propósitos que surgen de la propia literalidad de las conversaciones”.
“El tenor de los diálogos captados puso en evidencia –a más de las circunstancias expuestas– la habitualidad con que la banda llevaba a cabo los planes pergeñados, por la familiaridad y el modo que en el trato se dispensaron los interlocutores, unido a la asiduidad de las comunicaciones”, indicó.
Cómo operaban. Astudillo era el jefe de la organización, daba las órdenes para guardar los vehículos, encomendaba la confección de documentación adulterada, procuraba las chapas patente apócrifas. La función de Soria era la confección de la documentación y chapas apócrifas.
Pero, además, en un operativo realizado el 21 de abril del año pasado se le secuestraron varias armas, lo que devino en un desglose del expediente por el cual ya fue condenado. Moyano ocultaba en un galpón en Montecristo los vehículos que Astudillo le entregaba, hasta el momento de trasladarlos hacia su destino final, en la provincia de Catamarca Salcedo era otro encargado de enfriar los autos en un taller mecánico de su propiedad, ubicado en barrio Ituzaingó. Luján se encargaba de trasladar los vehículos con documentación trucha hasta Catamarca.
Cristian Acosta es un policía catamarqueño. Junto a sus dos hermanos, Gerardo y Alejandro, habían montado un negocio de vehículos robados en esa provincia.
Al analizar la operatoria la jueza destacó que “necesariamente implicó contar con una amplia red de contactos y relaciones que permitían, verbigracia, sacar vehículos fuera del territorio provincial para ulteriormente comercializarlos en distintas zonas, tornando ciertamente improbable la detección de la maniobra y un eventual recupero de lo sustraído.
(Fuente: Diario Perfil)
