En un juicio abreviado fueron condenados dos directivos a tres años de prisión condicional. Ambos reconocieron su responsabilidad por contaminar los cursos de agua que desembocan en el río Salí.
En un juicio abreviado fueron condenados dos directivos a tres años de prisión condicional. Ambos reconocieron su responsabilidad por contaminar los cursos de agua que desembocan en el río Salí . El monto a pagar será destinado a la comunidad aledaña al ingenio, y la firma presentó su plan de reconversión industrial
En un fallo reciente, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán homologó un acuerdo de juicio abreviado e impuso penas de tres años de prisión de ejecución condicional a Alicia Inés Petit y Enrique Fausto González, presidenta del directorio y director, respectivamente, del ingenio La Corona. El proceso judicial se originó debido a graves incidentes de contaminación ambiental en la localidad de Concepción, Tucumán, que afectaron tanto cursos de agua como tierras circundantes.
El acuerdo también estableció que la empresa Distribuidora Tucumana de Azúcares S.A., actual explotadora del ingenio, deberá pagar 75 millones de pesos como reparación por los daños ocasionados, en representación de los condenados.
Los acusados, Petit y González, admitieron su responsabilidad en la comisión de delitos tipificados en la ley 24051, de Residuos Peligrosos. Los hechos en cuestión se desarrollaron en un lapso comprendido entre 2006 y 2017, periodo durante el cual se contaminó el agua que desemboca en el Río Salí y se afectaron tierras aledañas mediante la descarga de vinazas y otros residuos industriales a través de canales pluviales a cielo abierto.
Esta contaminación tuvo consecuencias directas en la salud de la población de la zona, generando un aumento en los casos de enfermedades bronquiales, oftalmológicas y pulmonares. La gravedad de los hechos y su impacto ambiental fueron confirmados por peritajes realizados durante la etapa de instrucción, los cuales demostraron la presencia de sustancias químicas en concentraciones superiores a los niveles permitidos por la normativa vigente en ese momento.
Uno de los aspectos destacados del proceso fue la participación de una activista ambiental de Santiago del Estero, quien había sido impulsora de uno de los casos que culminaron en este acuerdo judicial. La activista, representada por el abogado Daniel Mendivil, expresó su satisfacción con la resolución alcanzada en el juicio abreviado.
En el marco del proceso y para evitar que hechos similares se repitan en el futuro, la empresa Distribuidora Tucumana de Azúcares S.A. presentó un plan de reconversión industrial que promete adoptar procesos de producción más limpios y sostenibles.
El monto de 75 millones de pesos, estipulado como reparación, será destinado a proyectos que beneficien a las comunidades afectadas por la contaminación. Sin embargo, la distribución específica de estos fondos será determinada en la etapa de ejecución de la sentencia. Esto permitirá que la justicia supervise que los recursos se utilicen efectivamente en la mitigación de los daños y en la promoción de la salud pública en la zona impactada.
El fallo fue suscripto por el juez Enrique Lilljedahl, quien, actuando de manera unipersonal, presidió el tribunal. La fiscalía general, representada por el fiscal Pablo Camuña y el auxiliar fiscal Daniel Wisemberg, fue la encargada de presentar el acuerdo que llevó a la homologación.
(Fuente: Comercio y Justicia)
