Las aseguradoras explican la percepción de embudo por la ingente magnitud de los peritajes, con 223.000 solicitudes en trámite. Municipios afectados y comercios piden más agilidad.
El Consorcio de Compensación de Seguros se ha visto obligado a elevar los controles en la tramitación de solicitudes de indemnización por los afectados de la DANA que el pasado 29 de octubre provocó 223 muertos, tres desaparecidos y daños multimillonarios en bienes públicos y privadas. Los responsables de tramitar los expedientes han detectado casos en los que personas que no eran titulares de propiedades, básicamente vehículos, han intentado cobrar el importe de las compensaciones tras sustraer la documentación, suplantar identidades y proporcionar números de cuenta distintos al de los verdaderos titulares para recibir el ingreso, según han explicado fuentes del sector asegurador implicado en la gestión de las pólizas y han confirmado desde la entidad dependiente del Ministerio de Economía.
Decenas de miles de coches siguen repartidos entre campas situadas en los límites de los cascos urbanos de los municipios afectados, amontonados en pilas de hasta cinco o seis unidades de altura a la espera de la gestión. Esto ha provocado robos de documentación del interior de los vehículos e intentos de fraude al Consorcio, que está recurriendo a video peritajes y foto peritajes para tratar de acelerar los procedimientos. "Se tuvieron que concretar los procedimientos internos para restringir los pagos a los números de cuenta en los que las pólizas originales estuvieran domiciliadas y exigir certificados de titularidad a quien solicitase cuentas distintas", explican las mismas fuentes.
El Consorcio de Compensación de Seguros ha recibido 230.361 solicitudes de indemnización, de las cuales tiene en tramitación 223.486, según la última actualización difundida por el Gobierno este viernes. Los pagos realizados ascienden a 433 millones de euros, algo más del 12% de la cifra estimada de daños asegurados, que asciende a 3.500 millones de euros. Fuentes gubernamentales defienden el ritmo de tramitaciones frente a la percepción de atasco que trasladan ciudadanos afectados y colectivos empresariales. "Estamos pagando de 40 a 60 millones de euros diarios", señalan las mismas fuentes. "Hay mucha casuística y en un entorno muy complicado. Tenemos que lanzar un mensaje de tranquilidad porque por el volumen que tiene esto llevará más tiempo del que nos gustaría", admiten.
Insisten en que se están poniendo todos los medios posibles para acelerar el embudo administrativo generado por "la mayor catástrofe natural de la historia de "España", añaden desde el sector asegurador.
"Es tres veces y media el volumen de indemnizaciones de las inundaciones de Bilbao de 1983, que hasta el 29 de octubre habían sido las más costosas, con mil millones de euros de impacto", señalan. El desastre del volcán de La Palma generó indemnizaciones por 238 millones de euros, que todavía se estaban pagando dos años después. En Valencia, la cifra del desembolso en la isla canaria del fondo para catástrofes del Consorcio (financiado con un pequeño porcentaje de la prima de las pólizas que contratan en España) se ha superado con creces en menos de dos meses, aunque hay todavía decenas de miles de solicitudes pendientes de resolver.
El Consorcio tiene firmado un acuerdo con las compañías agrupadas en la patronal Unespa para que sus peritos y gabinetes de peritación colaboren en las valoraciones y tramitaciones junto con los profesionales de la entidad dependiente del Ministerio de Economía, cuya plantilla es insuficiente para abordar la magnitud del impacto de la DANA del 29 de octubre. En teoría hay 1.700 peritos de toda España trabajando en expedientes vinculados a la provincia de Valencia, pero han de atender también la siniestralidad ordinaria de su lugar habitual de trabajo.
La culminación de cada expediente puede demorarse más de mes y medio, como ha podido comprobar El Confidencial a partir de testimonios de afectados. José vio afectado su vehículo, con seguro a todo riesgo, por la fuerza del agua en un polígono de Riba-roja. Aunque pudo recuperarlo al día siguiente, llevarlo a un taller y tramitar con su aseguradora una primera propuesta de indemnización al Consorcio, la entidad no avanzó en la solución hasta realizar una primera peritación propia a partir de fotos que fue insuficiente para el afectado. Me ofrecían algo más de 7.000 euros para un coche que tenía menos de cinco años. Rechacé la propuesta y mandé más fotos, con el motor enfangado. Tras una segunda peritación, me han ofrecido algo más de 11.000 euros y he aceptado. Eso fue el lunes, pero todavía no me han pagado", explica. Con ese dinero y el que reciba de ayudas públicas confía en cubrir en una parte importante, pero no todo, el coste del nuevo vehículo que ya ha comprado financiado.
Su caso no es la norma porque pudo localizar el coche. Pero hay miles de vehículos pendientes de peritar en las campas, con la Generalitat encontrando problemas para cerrar acuerdos con empresas dedicadas al desguace y achatarrado. Sin destino definitivo, la peritación se complica. "Hay que mover cada coche, apuntar matrícula o número de bastidor, pero algunos han perdido la matrícula", explican fuentes de las aseguradoras. Ayuntamientos afectados como el de Paiporta han solicitado a la Generalitat que traslade los coches a campas más alejadas del casco urbano, ante la previsión de varios meses de gestión de toda esa chatarra repleta de residuos que hay tratar: aceites, gasolina, líquidos de frenos…
Paiporta también ha solicitado una reunión con responsables del Consorcio de Seguros para trasladar las quejas que llegan de particulares, comerciantes o pequeños empresarios, por lo que perciben como un atasco en la tramitación de sus solicitudes de indemnización.
La Confederació del Comerç d’Alacant, Castelló i València (Confecomerç) denunciaba este viernes la "grave situación de ralentización del pago de indemnizaciones" tras la DANA del pasado 29 de octubre. "Esta ineficiencia está generando un impacto económico significativo y lastrando la ya de por sí complicada recuperación de los comercios afectados", se quejaba esta organización.
Entre los factores que contribuyen al embudo, según Confecomerç, está la exigencia de presupuestos detallados en casos de siniestro total. "Dada la situación de emergencia y la urgencia en la reconstrucción, se acordó que se pagaría el 100% de las coberturas contratadas sin necesidad de aportar presupuestos. Sin embargo, en muchos casos esto no se está cumpliendo, y al obligar a la presentación de presupuestos de proveedores desbordados por la altísima demanda, se retrasa considerablemente el acceso al dinero de la póliza contratada", explica esta patronal del pequeño comercio.
También advierten sobre valoraciones depreciadas de herramientas y maquinarias clave. "Equipos esenciales como cámaras frigoríficas, básculas, maquinaria de hostelería y otros equipos de trabajo están siendo tasados por debajo de su valor de reposición, ignorando el aumento de costos en el mercado actual". Tras esta circunstancia, explican desde algunas gestorías, subyace también el problema de la actualización de capitales en las coberturas contratadas. "Hay empresas que no se han preocupado de actualizar eso y ahora ven que sus pólizas tienen unos importes originales, que no reflejan el valor real de las existencias afectadas", señalan.
Confecomerç también denuncia falta de soluciones efectivas por parte de las entidades financieras. "A pesar del acuerdo para adelantar indemnizaciones a tipo 0, los bancos exigen avales que los comerciantes afectados no pueden proporcionar, perpetuando la inacción", afirman la organización autonómica de comerciantes. (El Confidencial)
