El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 19ª Nominación de Córdoba, a cargo del juez Marcelo Adrián Villarragut, resolvió hacer lugar a una demanda por daños y perjuicios promovida por la dueña de Lola, una perra caniche fallecida tras una intervención quirúrgica realizada en condiciones negligentes en la Clínica Veterinaria Hakuna Matata..
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 19ª Nominación de Córdoba, a cargo del juez Marcelo Adrián Villarragut, resolvió hacer lugar a una demanda por daños y perjuicios promovida por la dueña de Lola, una perra caniche fallecida tras una intervención quirúrgica realizada en condiciones negligentes en la Clínica Veterinaria Hakuna Matata.
En su fallo, el tribunal declaró la responsabilidad subjetiva de la médica veterinaria M.B.D., por incumplir con el deber de cuidado exigido en la praxis profesional, y la condenó, de forma solidaria junto a la clínica, a indemnizar a la actora por daño material, daño moral y gastos veterinarios.
La demanda había sido iniciada por la dueña de Lola, quien reclamó una suma de $262.216, más intereses y costas, por el accionar que calificó como negligente y que derivó en la muerte de su mascota. Según el relato, Lola fue atendida durante julio de 2020 por síntomas vinculados a una posible infección respiratoria. Sin embargo, la profesional modificó el tratamiento en varias oportunidades sin ofrecer un diagnóstico certero, y finalmente recomendó realizar una ecografía y una castración, sin que hubiera evidencia clara de urgencia o necesidad.
El 13 de julio de 2020, día de la intervención quirúrgica, la dueña fue notificada de que algo había salido mal. Al llegar a la clínica, encontró a su perra agonizando. La médica le explicó que, por un error en la cirugía, se había seccionado una arteria renal, lo que provocó una hemorragia masiva. La clínica no contaba con oxígeno ni sangre para transfusión, lo que imposibilitó medidas de auxilio eficaces. Lola falleció poco después.
El fallo también consideró agravante la conducta posterior de la profesional, quien se negó a entregar la historia clínica y el consentimiento informado, actitud que fue interpretada por el juez como un indicio de falta de ética profesional. Aunque la denuncia presentada ante el Colegio de Veterinarios de Córdoba fue desestimada por no encontrar violaciones éticas, el tribunal concluyó que la médica incurrió en una conducta inadecuada que excede lo tolerable en el ejercicio profesional.
Este fallo sienta un precedente importante al reconocer la responsabilidad por mala praxis veterinaria y al considerar a los animales no humanos como seres cuyo cuidado merece atención ética, profesional y jurídica.(Fuente: Radio Estación)
