El Gerente de Prevención de Fraudes del Grupo Sancor Seguros analizó la complejidad de la ingeniería delictiva en el robo automotor, cuestionó la falta de articulación directa entre las fuerzas de seguridad y las aseguradoras, y explicó por qué la judicialización del fraude representa un verdadero desafío para el mercado.
El Gerente de Prevención de Fraudes del Grupo Sancor Seguros analizó la complejidad de la ingeniería delictiva en el robo automotor, cuestionó la falta de articulación directa entre las fuerzas de seguridad y las aseguradoras, y explicó por qué la judicialización del fraude representa un verdadero desafío para el mercado.
En el marco del 9° Seminario Regional IAATI LATAM "Delitos relacionados con vehículos", la mirada corporativa del mercado asegurador tuvo una exposición directa y pragmática a cargo del Ing. Rubén Leonardini, Gerente de Prevención de Fraudes y Seguros del Grupo Sancor Seguros (con responsabilidad sobre Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil) y con 35 años de trayectoria en el sector.
Durante su intervención, Leonardini propuso abordar el robo de vehículos no como un evento fortuito, sino como un verdadero "layout" de producción e ingeniería comercial delictiva, al tiempo que interpeló a los actores del ecosistema público y privado sobre la urgencia de lograr una articulación sistémica en la gestión de la información.
Para dimensionar el desafío que enfrenta el mercado, Leonardini comparó la logística del delito con la de una empresa formal. Apoderarse de un vehículo moderno implica vulnerar sistemas electrónicos de alta seguridad, contar con infraestructura para ocultar una unidad de gran volumen, disponer de talleres de desarmado y articular redes de distribución de autopartes o de falsificación documental.
"Comercializar algo legalmente ya es complejo; imagínense la logística que requiere colocar en el mercado autopartes o vehículos clonados. Del lado de la delincuencia hay una verdadera ingeniería puesta al servicio del delito", sostuvo el ejecutivo de Sancor Seguros.
Frente a esta estructura, el despliegue del sector "de los buenos" —fuerzas policiales, rastreo satelital, peritos e investigadores privados— suele actuar de manera fragmentada o reactiva, condicionando la tasa de éxito a la velocidad con la que se actúa en las primeras horas.
Uno de los puntos de mayor repercusión en la disertación de Leonardini fue la distinción entre la mera "disponibilidad" de datos y la verdadera "integración" tecnológica y operativa entre organismos del Estado, justicia, fuerzas policiales y aseguradoras.
Como ejemplo de las barreras actuales, citó la dificultad para acceder en tiempo y forma a registros de cámaras de peajes o corredores viales:
Para acceder a imágenes clave en la ruta de un vehículo o camión robado se exige un pedido judicial.
La tramitación del oficio demora semanas o meses.
Al momento de recibir la autorización, los registros en los servidores suelen estar sobrescritos o borrados.
"Todos tenemos eficiencias individuales excelentes, pero tenemos objetivos y lenguajes distintos. La policía combate el crimen y preserva la vida; nosotros gestionamos un negocio patrimonial. El límite de investigación de un perito privado es acotado por marco legal y por normas como Defensa del Consumidor. Por eso necesitamos una integración protocolar y directa, no un favor ni un trámite burocrático de meses".
Asimismo, advirtió sobre la responsabilidad en el manejo de grandes volúmenes de datos (Big Data), recordando que la acumulación de información sensible sin estándares estrictos de ciberseguridad convierte a las organizaciones en blancos de hackeos y extorsiones.
Al abordar la problemática del fraude —definido por Leonardini como la simulación o invención de hechos inexistentes—, se planteó un interrogante recurrente en la industria: ¿por qué las compañías no denuncian penalmente a todos los defraudadores detectados?
Si bien las diez principales aseguradoras del país detectan e impiden miles de intentos de fraude al año mediante desistimientos, la judicialización penal sigue siendo residual por diversos factores:
Rigor probatorio extremo: La justicia penal exige certificaciones notariales, peritajes irrefutables y cadenas de custodia estrictas que encarecen el proceso.
Costo y tiempos: Exige destinar estructuras legales prolongadas en el tiempo, chocando con los plazos comerciales y operativos de las compañías.
Falta de conexión entre fueros: Sin un sistema administrativo integrado que canalice el intento de estafa directamente a la justicia, la aseguradora debe asumir el rol de querellante en cada caso individual.
Para finalizar, Leonardini analizó el fenómeno del recupero vehicular. Diferenció el recupero primario y rápido (dentro de las 48 horas mediante sistemas de rastreo pagados por la aseguradora) del recupero tardío o la detección de desarmaderos con miles de piezas incautadas.
Sobre este último punto, remarcó la pesada carga administrativa, ambiental y logística que implica para el Estado y las aseguradoras la disposición de esos restos años después del siniestro.
"El objetivo central del mercado no es convertirnos en vendedores de chatarra ni en revendedores de autos hallados dos años después. Todo el esfuerzo de la industria y de las fuerzas debe apuntar al bloque de las primeras 48 horas mediante una integración automática que permita cortar el circuito delictivo en su inicio", concluyó.
