El caso desató críticas por la magnitud de la indemnización y por supuestas irregularidades en el proceso judicial.
Un fallo judicial que ordena al Consejo Provincial de Educación (CPE) pagar más de $175 millones por la fractura leve de una alumna de 7 años desató un fuerte conflicto institucional en Neuquén. El Ministerio de Educación calificó la sentencia como “ilícita, inmoral y confiscatoria”, al considerar que vulnera principios jurídicos básicos y pone en riesgo el patrimonio estatal.
El caso se originó el 23 de septiembre de 2019, cuando una niña sufrió una fractura de tibia sin desplazamiento durante una clase de educación física en la Escuela 254 de Chos Malal. La familia reclamó inicialmente $6 millones, pero el juez de Primera Instancia Carlos Choco ordenó una indemnización que multiplicó por más de 25 el monto solicitado, sumando además costas y honorarios.
El Ministerio de Educación cuestionó que el juez aplicara una fórmula indemnizatoria propia, sin sustento fáctico ni jurídico, y que considerara un período de daño extendido hasta los 68 años, excediendo por más de dos décadas la edad productiva reconocida en jurisprudencia.
Para el organismo, el monto determinado constituye “un enriquecimiento sin causa” y un “gravamen irreparable” para el Estado neuquino. También cuestionó que Choco se declarara competente pese a que, según la normativa vigente, las demandas por responsabilidad estatal deben tramitar en el fuero contencioso-administrativo.
Otro elemento que generó fuertes cuestionamientos es que el accidente ya había sido cubierto por Sancor Seguros mediante un acuerdo firmado en marzo de 2020. La familia recibió entonces una compensación de $10.021,20, aceptando que el pago extinguía cualquier reclamo futuro contra la aseguradora, el CPE o la escuela.
Pese a ello, el juez avanzó con el nuevo juicio y otorgó un resarcimiento millonario, descontando únicamente el monto ya percibido.
El recurso presentado por las abogadas del Ministerio de Educación sostiene que no se acreditó falta de servicio estatal, ni la mecánica del accidente, ni el estado del mobiliario escolar. Subrayaron que el fallo se basa en presunciones y reconstrucciones sin sustento, y que incluso la pericia psicológica —clave para fijar el monto del daño moral— había sido desestimada parcialmente por el propio juez en su sentencia.
En segunda instancia, la Cámara de Casación redujo el daño moral de $29 millones a $12 millones, pero mantuvo intacta la estructura del fallo, lo que motivó un nuevo recurso extraordinario presentado el 3 de diciembre. (Fuente ADN Sur)
