En los últimos meses, miles de empleadores comenzaron a recibir notificaciones de aumentos en las alícuotas de las ART. En muchos casos, los ajustes superan el 25% e incluso el 30%.
En los últimos meses, miles de empleadores comenzaron a recibir notificaciones de aumentos en las alícuotas de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART). En muchos casos, los ajustes superan el 25% e incluso el 30%. La pregunta surge casi de manera automática: ¿por qué suben los costos si los accidentes laborales no muestran un crecimiento equivalente?
La respuesta no está en la siniestralidad, sino en un fenómeno más silencioso y estructural: la judicialización del sistema de riesgos del trabajo.
Más juicios, sin salto en los accidentes
El sistema de riesgos del trabajo cerró 2024 con 126.000 nuevos juicios, y 2025 superó los 134.000, el nivel más alto desde la creación del régimen según datos oficiales.
Sin embargo, cuando se observa la evolución de los accidentes laborales y las enfermedades profesionales, el panorama es distinto. Los registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo muestran que la siniestralidad se mantiene estable o con tendencia descendente en los últimos años, en línea con una mejora sostenida en prevención y seguridad.
La conclusión es incómoda, pero clara: el aumento de los juicios no responde a un aumento de los accidentes.
Dónde está hoy el conflicto
La mayoría de las demandas judiciales no discuten la existencia del siniestro, sino el porcentaje de incapacidad reconocido al trabajador. Diferencias relativamente pequeñas entre una evaluación administrativa y una judicial pueden traducirse en indemnizaciones muy distintas.
Ese corrimiento convirtió a la determinación médica de la incapacidad en el verdadero eje del conflicto dentro del sistema de riesgos del trabajo.
En la etapa administrativa, las Comisiones Médicas cumplen la función de evaluar el daño y establecer el porcentaje de incapacidad correspondiente. Ese dictamen busca cerrar el conflicto de manera temprana y evitar la judicialización. Sin embargo, cuando esa evaluación es percibida como insuficiente o poco clara, el reclamo continúa su recorrido.
El paso a la instancia judicial introduce una nueva evaluación médica y nuevos parámetros de análisis. Aunque el hecho generador del reclamo no suele estar en discusión, las diferencias en los criterios aplicados pueden arrojar resultados sensiblemente distintos.
Esa brecha convierte al juicio en una alternativa previsible dentro del sistema, más que en una excepción.
Desde el sector asegurador, el diagnóstico se centra en el impacto que genera esta dinámica. Señalan que la acumulación de sentencias, pericias e intereses produce costos crecientes e imprevisibles, difíciles de anticipar al momento de fijar tarifas, y advierten que la litigiosidad avanza aun en contextos de baja siniestralidad.
Desde la mirada de la abogacía laboralista, en cambio, el foco está puesto en las limitaciones de la instancia administrativa. Sostienen que, frente a dictámenes que no reflejan adecuadamente el daño sufrido, el acceso a la Justicia se vuelve una herramienta necesaria para obtener una reparación completa.
El Poder Judicial queda así en una posición compleja: interviene para resolver conflictos que no lograron cerrarse previamente, aplicando reglas propias del proceso judicial. Los tiempos, la falta de parámetros técnicos uniformes y los mecanismos de actualización de las condenas hacen que, en muchos casos, el juicio resulte económicamente más atractivo que la resolución temprana.
En ese marco, la judicialización no aparece como la causa del problema, sino como la consecuencia de un sistema que no logra resolver de manera consistente los conflictos en su instancia inicial. Cuando el filtro administrativo no alcanza, el juicio deja de ser una anomalía y pasa a cumplir un rol correctivo dentro del funcionamiento general del régimen.
Alícuotas que suben, incentivos que no cambian
Frente a este escenario, las ART comenzaron a recomponer tarifas. En una muestra reciente de contratos, las alícuotas promedio pasaron de alrededor del 4,2% al 5,5%, lo que implica incrementos cercanos al 30%.
El ajuste se aplica, en general, de manera uniforme, sin distinguir entre empresas con alta litigiosidad y aquellas que invierten en prevención, capacitan a su personal y registran baja o nula siniestralidad. Desde el punto de vista preventivo, el mensaje es contradictorio: el sistema no premia claramente al empleador responsable.
El costo final
Mientras el debate se reparte entre aseguradoras, abogados, peritos y tribunales, el impacto inmediato recae sobre los empleadores, incluso aquellos que cumplen con las normas y reducen riesgos. El sistema de riesgos del trabajo muestra resultados positivos en prevención, pero dificultades crecientes para resolver los conflictos de manera temprana y previsible.
La paradoja es evidente: un sistema que funciona cada vez mejor para evitar accidentes, pero que corrige sus desajustes internos trasladando el costo al mismo lugar de siempre, a través del aumento generalizado de las alícuotas.
Sin una revisión de los incentivos que gobiernan la instancia administrativa, sin criterios médicos verdaderamente uniformes y sin una diferenciación real entre quienes invierten en prevención y quienes no, el sistema seguirá resolviendo sus tensiones por la vía más simple: subir costos. Y en ese esquema, el empleador responsable termina financiando no solo su propio riesgo, sino también las fallas estructurales del régimen.
Leonardo Botta Bernaus
Abogado y productor asesor de seguros
