Un fallo judicial obligó a la dueña de un pitbull a indemnizar con hasta 12 millones de pesos a dos niños atacados en Posadas en 2018.
Un fallo judicial obligó a la dueña de un pitbull a indemnizar con hasta 12 millones de pesos a dos niños atacados en Posadas en 2018. La sentencia señala su responsabilidad y sienta un precedente sobre la tenencia de perros peligrosos.
El Juzgado Civil Nº 3 de Posadas dictó una sentencia que establece una indemnización millonaria en favor de dos menores que fueron atacados por un perro de raza pitbull en septiembre de 2018. La decisión judicial considera la responsabilidad de la dueña del animal por negligencia y falta de previsión del daño.
El hecho ocurrió cuando Lorena A. caminaba junto a sus hijos Fabio (9), Dahiana (7) y Lucas (12) por la calle 145 de Posadas. En ese momento, el perro de la demandada se escapó de su vivienda y atacó a Fabio, mordiéndolo en el brazo derecho. Luego se dirigió hacia Dahiana, a quien hirió en el brazo izquierdo y la espalda. Vecinos intervinieron para frenar la agresión y retornaron al animal a su domicilio. Los niños sufrieron múltiples heridas y debieron recibir atención médica.
Sebastián Mieres, abogado de la familia afectada, señaló: “Estamos celebrando un fallo importante, un precedente para nuestra provincia y para el país. Este tipo de decisiones judiciales son fundamentales para concientizar a la sociedad sobre la responsabilidad que implica tener un animal de estas características. El juzgado adoptó una reparación plena para los menores, dado que la dueña del perro no tomó las medidas de seguridad necesarias, a pesar de los reiterados incidentes previos”. El juzgado adoptó una reparación plena para los menores, dado que la dueña del perro no tomó las medidas de seguridad necesarias”.
Según los testimonios de los vecinos del barrio Itaembé Miní recabados en la causa, el pitbull se escapaba con frecuencia y que ya había atacado a otras personas y animales. Pese a ello, la dueña nunca extremó los cuidados requeridos por la ordenanza municipal, que establece la obligación de pasear a perros potencialmente peligrosos con correa y bozal.
Como explicó Mieres, la dueña del perro no compareció en la justicia ni intentó un acuerdo con la familia: “Nunca pidió disculpas ni reparó el daño. Desde el inicio del proceso, la familia buscó una solución por vía legal y agotó todas las instancias de conciliación. Sin embargo, la demandada demostró un desinterés absoluto, lo que agravó la situación para los niños y sus padres, quienes tuvieron que afrontar los gastos médicos con mucho esfuerzo”. La familia tuvo que afrontar los gastos médicos con mucho esfuerzo”.
En primera instancia, la denuncia fue radicada en el Juzgado de Paz de Itaembé Miní, donde se confirmó la propiedad del animal y se recabaron testimonios de vecinos. Luego, se inició la demanda de daños y perjuicios, en la que la demandada tampoco respondió a los intentos de conciliación.
La sentencia establece una indemnización de entre 10 y 12 millones de pesos, sin contar intereses y honorarios, para cubrir los gastos médicos, los daños estéticos y el perjuicio moral sufrido por los niños. Mieres explicó: “El juez ha ordenado luego a futuro que la sentencia sea leída y explicada a los menores de edad para que comprendan que a ellos les llegó la justicia, por supuesto, luego todo el tránsito judicial; pero les llegó y se va a concretar económicamente y a la vez personalmente, una audiencia donde se le va a explicar a los menores en qué consistió el fallo”.
De lo indicado en el documento se procura que las víctimas, a través de esta explicación, perciban la relevancia del proceso judicial y su resultado. Esto refuerza el reconocimiento del daño sufrido y sienta un precedente que contribuye a una mejor conciencia sobre la responsabilidad que implica tener este tipo de animales.
Sobre la posibilidad de cobrar la indemnización, el abogado detalló: “Una vez que el fallo quede firme, se procederá con medidas de embargo sobre bienes, haberes o cuentas bancarias de la demandada. El dinero se deposita en una cuenta judicial y luego se transfiere a los padres de los menores para que puedan afrontar los gastos de salud y tratamiento psicológico”.
Respecto a la relevancia del fallo a futuro, Mieres afirmó: “Este precedente no solo es un respaldo para la familia afectada, sino que también sirve de advertencia para quienes tienen animales potencialmente peligrosos. Es necesario que los dueños comprendan que su responsabilidad no se limita a la tenencia del animal, sino que deben extremar los cuidados para evitar daños a terceros. La falta de control puede traer graves consecuencias, y este fallo es una pieza judicial que sienta un precedente para que casos similares sean tratados con la misma rigurosidad”.
En este contexto, el objetivo del fallo es dejar un precedente en la comunidad. Para ello, el juez ordenó comunicar la sentencia al Concejo Deliberante local, impulsando la creación de un “Registro de perros potencialmente peligrosos”. Esta medida busca prevenir incidentes futuros y fomentar una tenencia responsable, especialmente con razas de mayor riesgo. (Misiones Online)
